James Holston and Arjun Appadurai, “Cities and Citizenship”

La ciudadanía, entendida como el status de membresía socialmente reconocido dentro de un espacio territorial delimitado y bajo las formas jurídicas establecidas para acceder a ella, ha servido históricamente como vínculo entre Estado, gobierno e individuos. De igual forma, la ciudadanía ha sido en ocasiones, una eficaz forma de subjetivación política y de identificación cultural. Incluso antes de la configuración del Estado moderno, existió ya una preocupación por establecer los criterios bajo los cuales un individuo dejaba de ser un habitante de un país, para pasar a ser un miembro de la comunidad política con plenos derechos reconocidos para ejercer su influencia en las decisiones políticas. Sin embargo, en las últimas décadas la globalización ha implicado una ruptura con las matrices tradicionales para comprender los múltiples fenómenos de lo social. En relación con la ciudadanía, como observan Holston y Appadurai, las concepciones como la de TH Marshall que la ligan a la territorialidad y la nacionalidad resultan insuficientes al margen del desdibujamiento de las fronteras físicas y del debilitamiento de conceptos como el de soberanía.

Autores como David Held o Benjamín Arditi han desarrollado conceptualmente algunas de las posibilidades de acción política y social que se han desprendido de la situación anterior. Entre las posibilidades resalta la generación contemporánea de movimientos ligados a problemáticas globales, con bases en organizaciones locales, pero con un alcance y una supraorganización transnacional. De tal forma, el ciudadano de un país desarrolla una acción política en diversos ámbitos (local, estatal, nacional, regional, global), dentro de una sola organización. Por otro lado, los autores observan un desplazamiento del vínculo entre los ciudadanos, del ámbito nacional-estatal a las ciudades, con lo cual estas últimas adquieren una mayor relevancia para la identificación-subjetivación del individuo en relación con su pertenencia a una comunidad.

Ambos esquemas explicativos son aplicables para diversas situaciones. Sin embargo, es preciso mencionar que el desplazamiento de la ciudadanía al ámbito de las ciudades, al menos para el caso de la Ciudad de México, refiere en mayor medida a la relativa facilidad con que los miembros de la sociedad pueden manifestar su inconformidad con respecto al reconocimiento de sus derechos de ciudadanía. La importancia que la Ciudad de México en relación con la ciudadanía ha sido evidente en la última década. Ejemplo de ello han sido las diversas reformas legales producto de la movilización social. De manera concreta, la reciente modificación del Código Civil del Distrito Federal en materia de relaciones conyugales, ha permitido que las parejas homosexuales adquieran el status legal de matrimonio, por encima del de sociedades de convivencia. Diversos antagonismos y contradicciones han surgido a raíz de estas reformas. Entre ellos, el antagonismo existente entre las visiones de ciudadanía y matrimonio fomentadas desde el gobierno del Distrito Federal, y las visiones tradicionales en otros estados de la República, así como la del gobierno federal. Por otro lado, existe una contradicción entre el status legal que se reconoce en el Código Civil y la inequidad mantenida en diversos ordenamientos legales, tal como se observa en la Ley del Seguro Social. Lo cual ha derivado en un falso reconocimiento de los derechos de ciudadanía para un sector de la población.

De igual forma, ha habido esfuerzos impulsados desde el ejecutivo y el legislativo del Distrito Federal para fortalecer el vínculo de la ciudadanía, a través del reconocimiento de derechos. El caso controversial fue la despenalización del aborto. Al ser aprobadas las reformas al Código Penal, el debate fue intenso, en torno al respeto o no del derecho a decidir sobre la interrupción-continuación del embarazo, mismo que llevó a la consideración de criterios de valor expuestos desde la sociedad en torno a ello.

Sin embargo, el caso de la ciudadanía mexicana posee diversas aristas que no permiten pensar en que el desplazamiento hacia la mayor importancia de las ciudades será total, e incluso permiten pensar en la pertinencia de dejar de lado esta idea para formular propuestas de reconocimiento e identificación Estatal. El fenómeno migratorio sea quizás la condición de posibilidad para el fortalecimiento de una ciudadanía ligada al país en su conjunto. No es posible dejar de lado el hecho de que existen aproximadamente 30 millones de habitantes en EUA de origen mexicano, de los cuales 10 millones son mexicanos de primera generación en aquel país. El hecho de poseer al 10% de la población total del país en calidad de migrantes, que representan más del 25% de la población económicamente activa, ha de llevar a reconsiderar las predominancia de las acciones Estatales, ante la incapacidad que las ciudades poseen en materia de política exterior. Una posible estrategia podría ser la continuidad en la desvinculación de ciudadanía con territorialidad pero con un reconocimiento efectivo de derechos de la concepción clásica de ciudadanía.

De tal forma, no resulta conveniente pensar que en el caso de México exista la posibilidad de abandonar la ciudadanía definida estatalmente para favorecer la visibilidad de las ciudades como puntos nodales en los que converge la ciudadanía en los términos de la política de las diferencias. Sin embargo, tampoco resulta pertinente continuar el análisis a la luz de esquemas tradicionales incapaces de adecuarse a una realidad transformada y efímera. Quizás, el debate sobre la reconfiguración de la ciudadanía deba adecuarse bidimensionalmente, incluso con el riesgo de generar análisis mutuamente excluyentes.